ATVC, la entidad que nuclea a los operadores de TV paga de la Argentina, presentó una solicitada donde expone sus planteos contra la regulación decretada por el gobierno argentino, que declara servicios públicos a los de telecomunicaciones.

La solicitada es la siguiente:

“La declaración como servicio público de la TV paga y el acceso a Internet, entre otros servicios, establecido por el Gobierno a través del DNU 690/20 de ninguna manera garantiza la equidad en el acceso y ejercicio de los derechos digitales y de la libertad de expresión. Un cambio radical y unilateral en las reglas de juego del sector, en el cual el Estado interviene de manera coactiva en la operación de las empresas que brindan los servicios TIC, afecta la seguridad jurídica y pone un freno a su desarrollo. Lo cual resulta a contramano de la legislación regional y mundial, y al restringir las decisiones de las empresas, perjudican la calidad y expansión de los servicios, y a los clientes que se comunican e informan por ellos.

“En Argentina son más de 700 las empresas licenciatarias que proveen hoy TV paga e Internet a todos los rincones del país y que, además, son garantes de la democratización de la palabra en sus 600 canales locales y regionales. Este ecosistema ha logrado en los últimos 50 años en base a la iniciativa privada una altísima penetración, superior a la de Latinoamérica. El DNU de manera directa o indirecta también está regulando y controlando la expresión de estos medios. En ningún país del mundo se regula como servicio público a la TV paga.

“Un esquema de servicio público es desaconsejable cuando entra en juego la libertad de expresión. Por nuestras redes fluyen contenidos. Regulando los precios se frenan inversiones de una industria pionera y también se limitan los espacios de expresión comunitaria. Además de frenar el empuje de uno de los sectores tecnológicos más dinámicos de la economía argentina, se agrandarán las enormes asimetrías competitivas que ya existen con las plataformas de distribución de contenidos totalmente extranjeras, que no producen contenidos locales, que no realizan inversiones en infraestructura, no pagan impuestos ni tasas regulatorias, ni tampoco están radicadas en el país.

“Se necesitan inversiones millonarias de largo plazo para llevar las más modernas tecnologías de información y comunicación a todos los usuarios y seguir desplegando las redes. Venimos haciendo todo tipo de aportes para que se extienda el servicio a zonas remotas o vulnerables. En el actual contexto de pandemia también hemos acompañado a nuestros clientes y trabajadores, y hemos dado respuesta a las solicitudes de las autoridades de todos los niveles y jurisdicciones. Las empresas que representamos, brindan mediante redes fijas y satelitales los servicios de TV a más de 9,1 millones de hogares y dan acceso a Internet a 7,5 millones de familias.

“Hemos sido pioneros en brindar servicios de banda ancha en el país. Entre las 700 PyMEs y empresas nacionales tenemos el orgullo y la responsabilidad de emplear en forma directa 30.000 trabajadores especializados. Necesitamos que esta norma sea revisada. De ello depende la viabilidad de muchas empresas y de un sinfín de emprendedores que día a día –y más, en las actuales condiciones de distanciamiento social– vuelcan sus proyectos y su creatividad al entorno digital”.

 

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