La comercialización de TV Box clandestinas fue considerada grave y resultó en una multa de US$ 1.530.
El Consejo de Administración de Anatel decidió, el pasado jueves (26/10), por primera vez, aplicar una sanción a un responsable de la venta de equipos no homologados por la Agencia. En su deliberación, el Consejo rechazó un recurso presentado por el interesado e impuso una multa de US$ 1.530 por ofrecer receptores clandestinos de señal de TV, conocidos como TV Box.
El relator del tema, asesor Alexandre Freire, recordó que la infracción de vender equipos sin la debida aprobación se considera grave, según el entendimiento ya consolidado por el Consejo de Administración.
Alexandre Freire destacó la importancia de velar por una adecuada fiscalización para evitar la circulación de productos que alienten el consumo ilegal de material protegido por derechos de autor, como ocurre en muchos casos de circulación de productos no aprobados por Anatel, que sirven de vector para violar la transmisión no autorizada de contenidos, violando los derechos de propiedad intelectual y perjudicando indebidamente a diferentes segmentos de la economía (eventos deportivos, cine, etc.).
“El presente caso constituye una remisión conforme a este entendimiento, ya que busca prevenir y reprimir la circulación de productos no aprobados por la Agencia”, afirmó el relator.
El asesor recordó que Brasil, en los últimos años, viene haciendo esfuerzos en su candidatura a ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta organización mantiene varios grupos de trabajo que discuten temas como la gobernanza de las instituciones estatales, la transparencia, las relaciones con los ciudadanos, el mercado y las entidades de la sociedad civil, la regulación (incluida la transición a la economía digital), entre otros.
“Esto hace que estos temas adquieran un tono estratégico que va más allá del orden constitucional nacional. El objetivo no es sólo aportar soluciones que mejoren el bienestar de las personas, sino también otras que ayuden a las instituciones a alcanzar esas soluciones de manera eficiente”, recordó.
El asesor recordó que su análisis está relacionado con los Objetivos 10 y 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ya que garantizar una administración eficiente y justa asegura una distribución más equitativa de los ingresos y promueve la reducción de las desigualdades económicas y sociales y la igualdad de trato de los agentes del mercado.
Más específicamente, el cumplimiento de las metas 10.5 ("Mejorar la regulación y el seguimiento de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la implementación de dichas regulaciones") y 16.4 ("Para 2030, reducir significativamente los flujos financieros y de armas ilegales, reforzar la recuperación y el retorno de recursos robados y combatir todas las formas de delincuencia organizada") en la medida en que la piratería compromete el funcionamiento normal de los mercados al promover una competencia desleal y predatoria, a menudo con el patrocinio de organizaciones criminales.
Alexandre Freire recordó que Anatel, en colaboración con otras instituciones, ha adoptado un papel activo en la lucha contra la piratería. “Los resultados obtenidos hasta ahora han demostrado ser relevantes para la sociedad brasileña, con una aplicación que incluye tanto las plataformas de mercado como los proveedores individuales. De forma inmediata, estas acciones se traducen en una mejor protección de la salud y seguridad de los consumidores y una mejora en el respeto a la propiedad intelectual”, afirmó.
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31.10.23 17:32