Ante el aumento constante de la disponibilidad ilegal de contenido on line, representantes de la industria TIC, asociaciones y miembros del Poder Judicial se dieron cita en el primer Seminario Regional de Antipiratería, organizado por Telecom Argentina.

El encuentro, que se realizó en modalidad presencial en la sede central de Telecom en Buenos Aires, reunió a miembros del ecosistema de contenidos y conectividad, quienes analizaron los desafíos que representa para la sostenibilidad de la industria la proliferación de canales ilegales de consumo de contenido pirata de dimensión regional.

Durante el evento se dio a conocer en forma exclusiva el adelanto de un informe de ASIET que ofrece datos preocupantes sobre la dimensión e impacto del delito en América Latina en general, y en Argentina en particular.

Los principales emergentes del informe destacan el crecimiento, consolidación y concentración de un negocio ilegal con los mismos pocos actores presentes en diversos países de la región, que cuentan con fuentes de financiación publicitaria y cada vez más recordación de marca.  A esto se suma el riesgo para los usuarios que exponen sus datos e información sensible, al ingresar a sitios ilegales.

Según el informe de ASIET los usuarios únicos que consumen contenido pirata en vivo en Argentina se triplicaron en 3 años hasta superar los 14 millones mensuales. El contenido consumido on demand como torrents o streaming de espectáculos en vivo, recitales, encuentros deportivos, series y películas en la región, aumentó entre 2020 y 2023 de 20 millones por mes a 26 millones.

Acompañando la evolución de la conectividad la creciente digitalización de la sociedad, en los últimos años han proliferado distintos delitos vinculados a la piratería de contenidos online.

Esto genera un verdadero flagelo para la sostenibilidad de la industria del entretenimiento y un riesgo creciente para la protección de los datos de los usuarios. Bajo esa premisa, la industria en su conjunto se reunió en el primer Seminario Regional Antipiratería Telecom 2023, donde especialistas del sector privado y miembros del sistema judicial analizaron los desafíos que presenta esta problemática a nivel latinoamericano.

Con una nutrida agenda, en el Seminario se relevaron datos actuales de este delito en América Latina, y los emergentes principales en la lucha contra la piratería, se compartieron distintos casos de buenas prácticas en América Latina y herramientas que está desarrollando la Justicia para combatir el delito.

La apertura estuvo a cargo de Sergio Piris, Gerente Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos y Antipiratería de Telecom Argentina, quien destacó que la compañía, en su doble rol de proveedor de contenidos y de conectividad, está muy comprometida con este tema desde hace años. “No sólo participamos de eventos y formamos parte activa en asociaciones tanto nacionales como regionales. En Telecom decidimos ser protagonistas en la persecución de la piratería de contenidos. Es por eso que contamos con un área específica que se especializa en esta problemática y, como resultado de un trabajo interdisciplinario interno, hemos logrado desarrollar in house una herramienta de Brand Intelligence que usamos activamente para disminuir este tipo de consumo ilegal”.

En el primer bloque, Pablo García de Castro, director regional para el Cono Sur de ASIET, ofreció un panorama del estado actual del delito, a partir de los datos relevados en un informe realizado recientemente. La investigación muestra que pese al gran crecimiento del consumo de contenido audiovisual en línea en las plataformas, aún 4 de cada 10 contenidos audiovisuales que se reproducen en Argentina son de sitios piratas.

Otro de los aspectos más significativos que arrojó el informe es la tendencia a la consolidación y concentración de este negocio en unos pocos jugadores ilegales que operan a nivel regional y que cuentan con fuentes de financiación publicitaria. El 70% de los productos que se anuncian en los dominios de distribución ilegal de contenidos está relacionado con sitos y aplicaciones de apuestas.

El segundo panel estuvo dedicado a compartir la experiencia del sector privado en Argentina en el combate a la piratería. Miguel Caruso Manager Research and Development, junto a Carolina Bertola, Coordinadora Antipiratería e Intervenciones Judiciales, compartieron el trabajo conjunto e integral que lleva a cabo Telecom, empresa que integra en su negocio la conectividad y los contenidos.

Francisco Berdaguer, abogado consultor de Red Intercable, comentó la situación de los cables operadores del interior del país, los desafíos técnicos y afectación a las redes y a los usuarios de  la piratería y los servicios de IPTV ilegales.

Luego fue el turno de los desafíos técnicos que plantea esta problemática, Oscar Robles Garay, CEO de LACNIC, realizó una introducción sobre los bloqueos, para qué sirven y cómo se ejecutan.  Juan Da Costa, Manager Red de Transporte de Telecom sumó experiencias respecto a la viabilidad y efectividad de las medidas de bloqueos en las redes, los costos que representa para las empresas víctimas del delito, beneficios y implicancias de este tipo de medidas. Finalmente, Estanislao Mezzadri, abogado Litigante de Google, comentó su rol en términos de recomendaciones o desindexaciones de contenidos del buscador, cuáles son las mejores prácticas y cómo trabaja Google para limpiar el link de infractores en las búsquedas.

El tercer panel hizo foco en la experiencia de Uruguay, con el aporte de Virginia Cervieri Monsuarez , abogada especialista en derecho de marcas y antipiratería y  Presidenta de la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando (CALPYC)de ese país; Juan Andres Lerena, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones y en Derecho de Autor y Asesor legal de la Asociación Nacional de Broadcasters uruguayos – ANDEBU; y Diego Carbone, especialista en derecho penal y criminología, quien a lo largo de su carrera profesional se desempeñó como letrado de la Motion Picture Association of America –MPAA-; de la Unión Argentina de Video editores –UAV-; Asociación Argentina de Distribuidores Cinematográficos –AADC- y de la Cámara Argentina de distribuidores de Señales Satelitales –CADISSA.

El cuarto y último panel estuvo dedicado a la participación de miembros del ecosistema institucional, y se centró en las herramientas de la Justicia para combatir la piratería, con una mirada jurídica y legislativa. Contó con la participación de Nicolás Novoa, Presidente del Comité de Derecho Autor de la Asociación Internacional de Radiodifusión; Alejandro Nobili, Juez titular a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 11 de Ciudad de Buenos Aires; y Federico Villalba, Fiscal penal en Ciudad de Buenos Aires, profesor en la Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Austral, capacitador por la OMPI y de diversos órganos judiciales de América Latina.

Entre las conclusiones generales del Seminario se destacaron los siguientes conceptos:

• Resulta necesaria la adopción de nuevas leyes de parte de los gobiernos y legislaturas.
• Creación de fiscalías especializadas en Propiedad Intelectual a los fines de lograr una reducción en los tiempos de las resoluciones judiciales.
• Se requiere una articulación entre el sector privado, principal perjudicado por las prácticas ilegales, y el ecosistema legislativo-judicial para ahondar en la persecución de este delito, y la adopción de regulaciones y leyes que se adapten a la evolución tecnológica, pero que también sancionen la promoción/publicidad de quienes forman parte en la cadena de producción de estos canales.
• Adoptar buenas prácticas en cuanto a la sensibilización y concientización de cara a los usuarios sobre los riesgos de utilizar servicios ilegales
• Reforzar la cooperación entre actores de la región, a fin de facilitar la elaboración de estrategias conjuntas para apoyar la observancia de los derechos de propiedad intelectual en el actual contexto tecnológico y económico.
• Abordar los desafíos en materia de gobernanza del sistema de Propiedad Intelectual, mediante la formulación de políticas innovadoras, basadas en las mejores prácticas, para promover modelos de negocios respetuosos de los derechos de propiedad intelectual.

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