A través de un decreto, el Poder Ejecutivo promovió la objeción total del proyecto de Ley 5883/2017, que regula la activación del servicio de telefonía móvil.
El gobierno cuestionó los requisitos previos para la activación del servicio, que son la impresión de la huella digital del cliente, las normas de seguridad para la base de datos a ser creada, los plazos establecidos y la responsabilidad de los directores de las operadoras.
En cuanto a la obligación de la impresión dactilar o digital del pulgar derecho en el formulario de activación, tropieza con el inconveniente que no existe una base de datos biométrica oficial, unificada, que certifique la correspondencia o no de la huella dactilar impresa en el formulario. Tampoco la norma prevé medidas de seguridad mismas para la base de datos a ser creada, según la argumentación.
La normativa obliga a todos los titulares de líneas de telefonía móvil activa a someterse nuevamente al proceso de registro, o proceso de revalidación en el plazo de un año, bajo pena de que si así no lo hiciera su línea de telefonía será cancelada, tropezando, además, con todos los inconvenientes ya expuestos.
Sobre el régimen de sanciones y responsabilidades de los directores, gerentes o administradores, se cuestiona que estos tendrán responsabilidad personal por la comisión de infracciones pues a más de las responsabilidades propias, se pretende adicionar la de actos ajenos, como los de los agentes de ventas.
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