Cappitel expresó su fuerte preocupación de empresarios pymes por la eliminación de posiciones en el Régimen de Incentivo Fiscal y de aranceles para importaciones de bienes de capital usado
-Advierten que peligran más de 2.000 puestos de empleo.
-Aseguran que, contrario a lo que dice el Gobierno, estas políticas frenan las inversiones productivas y ponen en riesgo no sólo la generación de nuevo empleo si no los puestos de trabajo actuales.
-Reclaman una reunión urgente con el Gobierno, para exponer los motivos por los que resulta urgente dar marcha atrás con ambas medidas.
-Junto a otras cámaras del sector, remitieron una carta al presidente Mauricio Macri pidiendo la derogación de las medidas.
-Por cada 1.000 pesos de facturación de una pyme, el Estado percibe $390 en concepto de impuestos. Con las importaciones no sólo salen dólares del país, si no que el Estado deja de recibir esos ingresos.
El nuevo presidente de la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (CAPPITEL), Eugenio Hadges, cuestionó hoy la decisión del Gobierno nacional de eliminar la posición 9406.00.92 del Régimen de Incentivo Fiscal, al señalar que “se desconoce con qué criterio fue excluidas, ya que no fueron convocados los sectores involucrados para evaluar el impacto de esta decisión”. Al respecto, advirtió que “peligran más de 2.000 puestos de empleo”.
Hadges fue elegido presidente de CAPPITEL el 9 de agosto pasado, durante una asamblea en la que el hasta entonces titular de la entidad, Pablo Perelmuter, fue designado vicepresidente.
La posición arancelaria 9406.00.92 (construcciones prefabricadas que incluye shelters y módulos habitacionales para las industrias de la energía, el petróleo, minería y construcción) fue eliminada del listado de posiciones que integran el Régimen de Incentivo Fiscal, según el decreto 593/2017.
“La decisión del Gobierno de eliminar esta posición generó gran preocupación en nuestro sector, porque implica que muchas pymes que hasta ahora abastecían un debilitado mercado interno compitan en igualdad condiciones con las importaciones, fundamentalmente chinas”, describió el presidente de CAPPITEL y cuestionó que no se hayan precisado “cuáles fueron los criterios de selección para eliminar esta posición, de manera unilateral e inconsulta, sin haber sido evaluada en detalle con los sectores involucrados”.
Hadges aseguró que “además de poner en riesgo más de 2.000 puestos de empleo, la importación de bienes de capital implica la salida de dólares del país y que el Estado deje de percibir ingresos por impuestos”. “Por cada 1.000 pesos de facturación de una pyme, el Estado percibe $390 en concepto de impuestos, que al importarse esos productos dejan de ingresar”, precisó.
En el mismo sentido, el dirigente empresario cuestionó que “a esta decisión se suma la medida que elimina el arancel al ingreso de bienes de capital usados para las industrias petrolera y minera”. “Entre los bienes de capital que se permite la compra en el exterior libre de arancel se incluyó a los shelters usados, que se fabrican en el país y cuya decisión también pone en riesgo a las pymes del sector”.
Al respecto, advirtió que “en el mundo existe hoy una sobreoferta de bienes de capital usados y esto pone en riego a la industria local si no se contempla esta situación con normativas que protejan a aquellos bienes de capital que se fabrican dentro del país y que generan empleo”.
“Pese a que desde distintas cámaras se venían manteniendo reuniones y desde el Gobierno se habían comprometido a analizar en forma conjunta cualquier medida que se decidiera adoptar en esos sentidos, nos sorprendimos con ambas resoluciones publicadas en el boletín oficial”, cuestionó Hadges.
CAPPITEL, conjuntamente con CAFAS, CAPIPE, CAFMEI, GAPP y CIPIBIC enviaron una carta al presidente Mauricio Macri, solicitando la derogación del decreto 629/17.
“Con esta ecuación del Gobierno perdemos todos, las pymes, los trabajadores y el mercado interno. Los únicos beneficiados son los importadores”, afirmó Hadges.
“Si bien desde el Gobierno se argumenta que todas estas decisiones se tomaron para incentivar las inversiones productivas y generar nuevo empleo, lo cierto es que terminarán por destruir a las pymes del sector, ya golpeadas por la fuerte caída del mercado interno”, señaló el presidente de CAPPITEL.
En este contexto, Hadges confirmó que “se están gestionando reuniones con distintos organismo del Gobierno para plantear el estado de situación crítico de las pymes de las telecomunicaciones, que con las últimas decisiones no hace más que agravarse y poner en riesgo el empleo y la industria nacional”.
“Las pymes precisamos que el Gobierno escuche los motivos por los que es necesario mantener dentro del Régimen de Incentivo Fiscal a las dos posiciones excluidas y, de manera urgente, se dé marcha atrás con esta medida, así como se deben evaluar los productos que deberían ser incluidos en la eliminación de aranceles para la importación de bienes de capital usados”, completó el presidente de CAPPITEL.
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