La Secretaría de Seguimiento Económico del Ministerio de Hacienda de Brasil, formuló cuestionamiento al proyecto que presentó Ancine, para la regulación de los servicios de comunicación audiovisual bajo demanda y que se encuentra en período de consulta pública.
En los fundamentos expresados por el organismo se sostiene que hay cierta inseguridad jurídica que recae sobre el sector de video bajo demanda, que está lejos de alcanzar madurez lo que, por sí, ya no recomienda la adopción rápida de medidas regulatorias que puedan afectar su desarrollo”.
Además agregó que Anatel tiene en estudios diversas medidas regulatorias en el sector de telecomunicaciones que pueden tener impacto directo en el negocio del video bajo demanda, como la franquicia en la banda ancha fija y móvil.
Los puntos más salientes del pronunciamiento de Seae, son los siguientes:
- En el proyecto no se estimaron los impactos arancelarios; no se estimaron los impactos fiscales y no hay mecanismos adecuados para el monitoreo del impacto y para la revisión de la regulación.
- En el proyecto no se presentaron las alternativas estudiadas; no se presentaron las consecuencias de la norma y de las alternativas estudiadas; no se han presentado los motivos de que se hayan omitido las alternativas estudiadas; las ventajas de la norma sobre las alternativas estudiadas no están claramente demostradas.
- La norma propuesta tiene el potencial de disminuir el incentivo a la competencia; falta de un análisis profundo de resultados de las políticas trazadas a favor de la competencia; no se analizan los efectos que han tenido las leyes vigentes para el segmento audiovisual, que hicieron que la producción audiovisual nacional crezca pero eso no redundó en ganancia en términos de taquilla y tickets vendidos.
En la conclusión de su exposición Seae propone que Ancine debe trabajar sobre los siguientes puntos:
- Que aclare los efectos sobre la sociedad; que aclare los costes y beneficios de la reglamentación deseada; que clarifique las opciones de regulación, justificando si no existen; que la Agencia aclare los posibles efectos contrarios a la competencia, justificándolos, si es posible, a los problemas percibidos en el modelo regulatorio.
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