La Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (CAPPITEL) respaldó el proyecto de Ley Pyme -que ya cuenta con media sanción de Diputados y se debate hoy en la Comisión de Industria y Comercio del Senado- y advirtió que esta iniciativa “debiera ser el primer paso en un rumbo de ordenamiento de la matriz productiva del país, que atienda y de respuesta a cuestiones de fondo delineadas en un modelo productivo de largo plazo, que convierta en atractivas y viables los planes de negocios y de inversiones”.

“Saludamos el haberse atendido antiguas demandas del sector sobre las trabas, inequidades y superposiciones que han venido entorpeciendo el accionar productivo”, señaló al respecto Pablo Perelmuter, titular de CAPPITEL, y agregó que “es altamente positivo reconocerles al sector pyme rango equivalente a las grandes empresas y la actividad pública, dado que representa el 98% del país productivo y participa en la generación del 70% del empleo”.

Además En este contexto, el dirigente empresario señaló que “la Argentina reclama una ley industrial que involucre a las pymes, a las grandes compañías, al entorno de las inversiones extranjeras y de la banca de fomento, a las casas de estudio, a la formación de los profesionales y al desarrollo de la investigación y desarrollo, en un proyecto integrado y complementario entre las partes”.

Para ello, Perelmuter reiteró la postura de la Cámara en cuanto a que “el Estado, como agente esencial del proceso económico-productivo, convoque a mesas de trabajo con las grandes empresas, la pymes, los profesionales del área y los sectores relacionados, con el fin no solo de despejar las trabas de la coyuntura sino como medio idóneo de delinear estrategias de mediano y largo plazo, que conviertan las oportunidades en realizaciones”.

En tal sentido, mencionó como un ejemplo contrario demostrativo de las distorsiones que imperan “el comportamiento de varias universidades que, amparadas en su exenta situación impositiva laboral, aprovechan a generar nichos de competencia desleal, ofreciendo servicios que son usurpados de la actividad privada”. “Esto que denunciamos no implica desconocerle al Estado su participación en el proceso productivo, sino en la mala aplicación que hace en ciertos estamentos compitiendo alterando las reglas”, remarcó Perelmuter.

Por su parte, el vicepresidente de CAPPITEL, Eugenio Hadges señaló que “si bien la ley se dispone a avanzar en una serie de ítems reclamados los mismos resultan insuficientes, dado que subsiste la necesidad de medidas correctivas de mecanismos y procedimientos, que pudieron haber surgido como encomiables, pero que han caído en una utilización espuria, afectando los costos laborales, como los altos valores de las alícuotas de las ART; la incidencia de regímenes normativos laxos que facilitan la industria del juicio y la aleatoria determinación de indemnizaciones como de honorarios; el alto número de días no laborables, así como el traslado a nuestras empresas de cargas administrativas por hacer de agente de retención, por caso”.


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