El proyecto de creación denominada Red Compartida, con el que se propone crear una infraestructura que debe cobertura al 95% de la población de México, demandará una inversión de US$ 21.500 millones y se propone obtenerla a través de un esquema de asociación pública privada.
Con esta infraestructura el gobierno pretende aumentar el alcance de los servicios de telecomunicaciones, promover precios competitivos y a la vez, elevar el estándar de las prestaciones.
La red, según prevé que “será diseñada, construida, financiada, operada y mantenida por la empresa que resulte ganadora en el procedimiento de licitación o concurso público internacional. Por lo tanto, la empresa que opere la red deberá ser administrada y operada como una sociedad de propósito único bajo un contrato APP autofinanciable. Por ello, los riesgos se compartirán entre el gobierno y la compañía operadora de la red”.
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