El organismo regulador de Telecomunicaciones analiza los pasos a seguir ante el anuncio que hizo el Grupo Clarín de la compra del 49% de las acciones de Nextel Argentina por US$ 178 millones.
El organismo estatal ya declaró en su momento que no se le había notificado pedido alguno para la concreción de dicha operación, tal como expresa la ley Argentina digital
Paralelamente, el gobierno nacional rechazó in limine las recusaciones planteadas por Grupo Clarín y Nextel contra Norberto Berner y Nicolás Karavaski, presidente y vicepresidente de AFTIC respectivamente, en el marco de la operación que concretaron recientemente.
Los argumentos del decreto presidencial sostienen que los “funcionarios negaron y rechazaron las causales invocadas por los recusantes" y que Cablevisión y Grupo Clarín "no son parte interesada en los procedimientos administrativos que tramitan en los expedientes aludidos en el escrito”.
Prosigue sosteniendo que "al argumento que invoca una supuesta adquisición de capital social de la empresa Nextel Communications Argentina S.R.L., corresponde resaltar que la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no ha otorgado la autorización pertinente para este tipo de transferencias. La transferencia, la cesión, el arrendamiento, la constitución de cualquier gravamen sobre la licencia y toda modificación de las participaciones accionarias o cuotas sociales, en los términos de la reglamentación vigente, deberán obtenerla previa autorización de la Autoridad de Aplicación, bajo pena de nulidad”.
Finalmente sostiene que "la operación invocada —en esta instancia— no podría otorgar legitimación para interponer ante la Administración este tipo de recusación” y “en cuanto a las alegaciones referidas tendientes a evitar la intervención de las autoridades recusadas en todas las decisiones y resoluciones que se tomen en el marco de algún expediente que en el futuro se refiera a Cablevisión S.A. o Grupo Clarín S.A., no resultan procedentes por ser genéricas, dogmáticas, indeterminadas y carentes de toda prueba. En consecuencia, la pretensión de Cablevisión S.A. y del Grupo Clarín S.A. pretende crear artificiosamente una situación para poder ejercer válidamente derechos que no les corresponden".
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