Ifetel emitió un comunicado sobre el debate que impulsa el Poder Ejecutivo sobre la viabilidad o no de un regulador autónomo de telecomunicaciones.

El contenido es el siguiente:
“Desde el IFT damos la bienvenida al debate que fortalezca las instituciones, pues somos un instituto transparente, que rinde cuentas y que acredita beneficios concretos para las y los mexicanos.

“La autonomía constitucional del IFT ha sido el medio para garantizar que la toma de decisiones esté basada exclusivamente en la especialización técnica, ajena a intereses económicos y políticos, lo que ha permitido no sólo trascender gobiernos o presiones de agentes económicos, sino generar beneficios puntuales para toda la población.

“En tan solo 7 años desde su creación, las diversas acciones regulatorias a cargo del IFT se han traducido en un beneficio cuantificable para los usuarios de poco más de 540 mil millones de pesos. Esto significa, que por cada peso que se destina al Instituto para su operación, la labor de este órgano regulador genera 47 pesos de beneficios a la sociedad mexicana.

“Desaparecer o minar la autonomía de los Órganos Constitucionales Autónomos, como el IFT, es debilitar al Estado mexicano, su especialización y rigor técnico. Representa, además, un retroceso en la construcción de la democracia en nuestro país y vulnera los compromisos asumidos en el T-MEC.

“La Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones y la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) son resultado de una demanda social de más de dos décadas para que la población tuviera acceso a un mayor número de medios de información, más y mejores servicios, así como un entorno de competencia y certidumbre en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

“La autonomía constitucional de la que se dotó al IFT fue resultado de consensos entre distintos sectores, con el fin de perfeccionar el marco institucional y normativo existente, a partir de la experiencia adquirida de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

“Es también consecuente con las mejores prácticas internacionales y la recomendación de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) para asegurar una competencia justa y transparente en ambos sectores.

“Desde el 2013, la autonomía constitucional del IFT ha sido el medio para garantizar que la toma de decisiones esté basada exclusivamente en la especialización técnica, ajena a intereses económicos y políticos, lo que ha permitido no sólo trascender gobiernos o presiones de agentes económicos, sino generar beneficios puntuales para toda la población.

“Este diseño institucional ha dejado atrás la época de los trámites de “doble ventanilla”, el papel de juez y parte, y la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones para dar paso a la participación de nuevos competidores en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como un uso más eficiente del espectro radioeléctrico.

“De esta manera, el IFT se ha consolidado como una institución no sólo independiente tanto de los órganos políticos como de los entes regulados, sino también especializada y profesional, capaz de emitir regulación de vanguardia sobre la base de disciplinas o racionalidades técnicas.

“Es importante destacar que, desde su creación, el presupuesto del IFT ha mantenido una tendencia a la baja del 38.2% durante el periodo 2014-2020. Este año, ejercerá recursos por el orden de mil 510 millones de pesos. Mientras que, por la revisión y cobro de uso de frecuencias de espectro radioeléctrico, aprovechamientos y trámites, ingresó a la Tesorería de la Federación (TESOFE) más de 23 mil millones de pesos, de enero a septiembre de 2020.

“En tan solo 7 años desde su creación, las diversas acciones regulatorias a cargo del IFT se han traducido en un beneficio cuantificable para los usuarios de poco más de 540 mil millones de pesos. Esto significa que, por cada peso que se destina al Instituto para su operación, la labor de este órgano regulador genera 47 pesos de beneficios a la sociedad mexicana.

“Tanto el ejercicio de su presupuesto como todas sus resoluciones, disposiciones técnicas y votos, incluso agenda de reuniones de Comisionados y directivos del Instituto, son públicas y están sujetas al escrutinio de los mexicanos. La transparencia y rendición de cuentas ha sido un eje rector en las acciones y decisiones del Instituto.

“Algunos de los avances alcanzados a raíz de las disposiciones aplicadas por el Instituto son:

• Mejores precios en servicios:

• De junio de 2013 a diciembre de 2020, el índice de precios de los servicios móviles tuvo una disminución del 43.9%.
• Se reporta una reducción de la renta mensual de los planes de internet fijo, la cual oscila entre 119 y 270 pesos (por 2 y 5 Mbps). En contraste, con los 169 pesos y hasta 359 pesos (por 3 y 5 Mbps) de renta mensual que se pagaban por estos servicios en 2018.
• Producto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), desaparecieron los cobros de las llamadas de larga distancia nacional y como resultado de estrategias de competencia de los operadores, se redujeron en 40% los de larga distancia internacional.

• Mayor acceso a servicios (penetración):

• La penetración de banda ancha móvil se multiplicó más de tres veces, al pasar de 23 líneas por cada 100 habitantes en junio de 2013 a 76 líneas por cada 100 habitantes en junio de 2020.
• A diciembre de 2019, 55 de cada 100 hogares cuentan con acceso a banda ancha fija.
• De junio de 2013 a diciembre de 2019, aumentó 18 veces el porcentaje de accesos con velocidades de descarga mayores o iguales a 10 Megabits por segundo.
• Hoy en día, la cobertura con redes 4G-LTE abarca zonas donde vive el 90.8% de la población y a junio de 2020, 80% del tráfico de datos de servicios móviles viajan a través de estas redes.
• Gracias al apagón analógico y a la multiprogramación, las audiencias tienen acceso a mil 338 canales digitales de TV abierta, comparados con los 311 que existían al inicio de 2013.

• Generación de condiciones para la inversión en México:

• Los operadores invirtieron 61 mil millones de pesos en 2013 y al cierre de 2019 esta cifra fue de 97 mil 632 millones de pesos.

• Mayor competencia:

• Nueva cadena nacional de televisión.
• Disminución de las participaciones de mercado del agente económico preponderante en telecomunicaciones, por ejemplo, en banda ancha fija paso de una participación de mercado del 73% en junio de 2013 al 50%, en diciembre de 2019
• De 2014 a 2018, el número de estaciones de radio en el país se incrementó 21.4%, al pasar de mil 516 a mil 841, gracias a la puesta en operación de 141 estaciones de uso comercial, 34 públicas, 95 sociales, 51 comunitarias y 4 indígenas.
• Se han otorgado 402 concesiones no comerciales, para uso público, social, comunitario o indígena en telecomunicaciones y radiodifusión, con datos a diciembre de 2020, lo cual representa una mayor oferta de contenidos y servicios en el país.
•  Empoderamiento de usuarios: Generación de múltiples herramientas como el Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) y comparadores de tarifas que han sido galardonadas internacionalmente.

“Estos resultados no solo dan cuenta de la evolución positiva de ambos sectores, sino que se traducen en beneficios directos para los mexicanos al contar con más y mejores servicios a menor costo. 

“Las telecomunicaciones y la radiodifusión son pilares para la recuperación económica en la actual crisis sanitaria. Un cambio de reglas en estos sectores y de la autoridad que las implementa, generaría incertidumbre y se perdería la oportunidad de aprovecharlas para impulsar el crecimiento y la recuperación económica del país.

“Desaparecer o minar la autonomía de los Órganos Constitucionales Autónomos, como el IFT, es debilitar al Estado mexicano, su especialización y rigor técnico. Representa, además, un retroceso en la construcción de la democracia en nuestro país.

“Adicionalmente, se debe considerar que cualquier cambio en este sentido implicaría reformas tanto a nivel constitucional como en el mismo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que la independencia del regulador de las telecomunicaciones fue pactada por el Estado Mexicano en su capítulo 18. Ahí se establece la autonomía que este órgano regulador debe tener frente al Poder Ejecutivo.

“El acceso a internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son habilitadores de derechos fundamentales como la salud, educación, libertad de expresión, derecho a la información, derechos políticos y de asociación, por lo que resulta indispensable que la autoridad encargada de garantizarlos mantenga su fortaleza y autonomía en beneficio de los mexicanos.

“En el IFT, como siempre, estamos dispuestos a tener un diálogo abierto, para hacer de ésta una mejor institución dentro del marco constitucional que le fue conferido. Damos la bienvenida a un ejercicio democrático que lleve a un análisis serio sobre la labor de este órgano regulador, en el que se reconozcan los avances logrados y se identifiquen las tareas en las que debemos reforzar las acciones regulatorias, siempre en beneficio de los usuarios”.

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