El Congreso de Brasil aprobó la nueva ley general de telecomunicaciones, que modifica el modelo de concesión pública para servicios de telefonía fija creado en 1998.
La modificación implica que las licencias de las concesionarias pasan a un régimen privado donde tendrán más libertad para asignar inversiones en banda ancha y otros servicios.
Se espera que esta normativa genere inversiones por US$ 8.000 millones.

Queda pendiente la valorización de los activos y la infraestructura que pertenecía al Estado antes de la privatización del sector, por lo que las concesionarias deberán pagar al gobierno el precio de esos activos.
El proyecto persigue un objetivo central: actualizar el entorno legal de las telecomunicaciones locales y potenciar la expansión de la banda ancha fija y móvil.

El presidente de Anatel, Leonardo de Morais, calificó la aprobación como "una victoria importante para el sector brasileño de telecomunicaciones. Redirige el enfoque en la universalización del acceso a internet de banda ancha, que se reconoce como esencial para la plena realización de la ciudadanía en el siglo XXI".

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