Las demandas para lograr una regulación convergente en Latinoamérica que contemple los intereses, equiparación y evolución de la TV paga, los servicios TV everywhere y los servicios OTT, sean abiertos o por suscripción, serían las siguientes: eliminar gravámenes específicos a la TV paga; aligerar los requerimientos de información a los proveedores de TV paga; aligerar controles regulatorios sobre contenidos y publicidad; sustituir el régimen de concesiones de TV paga por uno de registro y establecer una análisis de Impacto regulatorio.
Este es el resumen del informe publicado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, que describe la actualidad de la TV por suscripción en diez países de la región (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Venezuela, Perú, Colombia, México y Ecuador).
Los puntos más destacados del informe sobre las demandas para lograr una regulación convergente son los siguientes:
- Los reguladores deben asegurar la viabilidad del nuevo ecosistema, incluyendo la provisión de servicios de calidad con la máxima cobertura posible, y evaluar los mercados con un enfoque prospectivo reconociendo la creciente presión competitiva que las plataformas de OTT Video ponen sobre la TV de paga.
- El desafío está en lograr adoptar un enfoque regulatorio flexible, que ante las nuevas dinámicas competitivas apunte a tener reglas similares para servicios similares. Ello en un escenario en el que para el beneficio de los consumidores resulta tan necesario un marco que propicie la innovación y desarrollo de nuevos productos y servicios, como uno que fomente la inversión en redes permitiendo así mayor cobertura, calidad y prestaciones de los servicios.
Al respecto, es preciso señalar que justamente la transmisión de contenidos multimediales es y será uno de los grandes drivers para la inversión en tecnologías satelitales y de fibra óptica.
A. Eliminar gravámenes específicos. Los gravámenes específicos a la TV de paga tienen un impacto directo en el costo de este servicio para los usuarios, lo cual deteriora su competitividad respectos a otros servicios que no se encuentran sujetos a estos impuestos, particularmente, los servicios OTT Video con los que compite de manera creciente. La necesidad de eliminar estos gravámenes es apremiante ante la creciente disponibilidad y penetración de los servicios OTT Video, pues se corre el riesgo de desalentar artificialmente la adopción o continuación del servicio de TV de paga, especialmente por parte de los usuarios más sensibles a los precios.
Paralelamente, la expansión que han tenidos los servicios de TV de paga en los últimos años, se ha traducido en mayores contribuciones de los proveedores de este servicio a la hacienda pública por impuestos sobre los ingresos y ventas de las empresas.
Mantener el cobro de estos gravámenes resulta contrario al principio de neutralidad tecnológica, pone en desventaja al servicio de TV de paga y reduce los incentivos para mejorar su calidad y cobertura.
B. Aligerar los requerimientos de información a los poroveedores de TV de paga y solicitar cierta información a los de TV por Internet. La disrupción de mercado asociada con la entrada y crecimiento de las plataformas de OTT Video en América Latina en los últimos años, plantea urgencia de que los reguladores sectoriales adopten una visión prospectiva que reconozca el surgimiento y desarrollo de mercados convergentes. La estructura y desempeño futuro de los mercados de distribución de contenidos audiovisuales depende en buena medida de la dinámica tecnológica y competitiva que se observe en la TV por Internet. Dar seguimiento cercano a esta dinámica constituye una necesidad imperante para que los reguladores sectoriales puedan tomar decisiones informadas y oportunas que contribuyan al adecuado desarrollo de los mercados. Así, por ejemplo, es conveniente que los reguladores cuenten con información que le permita 64 Se refiere a la existencia de medidas expresas para sujetar los servicios de TV de paga adicionales a aquellos que pertenecen al régimen general (renta, valor agregado) como lo son los ingresos a la publicidad, sobre el número de suscriptores o la concesión y que no cumplen con un fin específico dentro de la industria.
La TV por suscripción en un entorno convergente. revisar de tiempo en tiempo las definiciones de mercado que se utilizan para el diseño y aplicación de medidas regulatorias, para garantizar que reflejen la realidad de los mercados. Al mismo tiempo, la clara tendencia que se observa hacia mercados convergentes indica el beneficio de aligerar los requerimientos de información y registro de los operadores de TV de paga para que sean similares a los que se establezcan para los de TV por Internet.
En este sentido, pueden ser innecesarios los registros previos de paquetes y tarifas, o los formatos detallados de información sobre infraestructura, coberturas, ingresos, suscriptores, paquetes y tarifas.
C. Aligerar los controles regulatorios sobre contenidos y publicidad. Los controles regulatorios sobre contenidos y publicidad en la TV por suscripción en América Latina generalmente tienen el objetivo de promover la diversidad y pluralidad de los contenidos audiovisuales, y, en general, proteger los derechos de las audiencias, especialmente de los menores. Ello está determinado entre otras causas, porque los operadores de TV por suscripción generalmente tienen el carácter de autorizados, concesionarios o de alguna manera recibieron un título habilitante otorgado por los reguladores de cada país, por lo cual resulta relevante la conclusión de ciertas obligaciones vinculadas a la protección del interés público como la que supone el control regulatorio de algunos contenidos y en algunos casos de publicidad.
La expansión la TV por Internet está multiplicado la variedad y volumen de contenidos audiovisuales disponibles para los consumidores sin los controles que se aplican a la televisión tradicional, lo cual está creando una asimetría regulatoria y reduciendo la relevancia práctica de la aplicación y vigilancia de los controles sobre la TV tradicional.
Por otro lado, esta expansión de contenidos se ha dado en paralelo con el desarrollo instrumentos innovadores para implementar y vigilar las reglas de contenidos de manera más eficaz y para empoderar a los consumidores. Esta situación implica un replanteamiento de los instrumentos regulatorios y de la clasificación de las trasgresiones a los derechos de las audiencias, con el fin de balancear adecuadamente la competitividad de los servicios y la protección de los derechos de los usuarios. En primer lugar, si se considera que existe justificación para mantener algunas restricciones aplicables a la TV de paga y no a los servicios de video sobre demanda por Internet, éstas deben aplicarse con mayor flexibilidad y en la medida de lo posible mediante instrumentos de autorregulación.
En segundo lugar, existen restricciones que probablemente se justifique mantener, pero resultan independientes de las plataformas a través de las cuales se transmiten los contenidos audiovisuales por lo que no se justifica una diferenciación. Este es el caso de las obligaciones sobre ofertas mínimas de contenidos culturales, independientes, nacional o de interés general. Aunque se puede considerar la exención de plataformas de recién ingreso, pequeñas o temáticas.
Las propuestas que se desarrollan en esta sección son consistentes con las planteadas en la propuesta legislativa para actualizar la Directiva de servicios de comunicación audiovisual que adoptó la Comisión Europea el 25 de mayo de 2016.
Finalmente, cuando se trata de la protección a los menores, las restricciones regulatorias deben aplicarse de manera transversal a todos los medios de transmisión.
En esta materia se debe destacar la eficacia de la difusión de información a los usuarios sobre contenidos potencialmente dañinos a los menores, y el uso de instrumentos de control parental como los sistemas de encriptados y contraseñas, o perfiles y plataformas dedicadas a los menores como ya se utilizan por varios proveedores con resultados favorables.
Esto es, aprovechar los avances en las tecnologías de información para involucrar y empoderar a los consumidores. Estas medidas pueden desarrollarse en conjunto con la adopción de las mejores prácticas internacionales en materias de autorregulación y co-regulación encaminadas a proteger tanto los derechos de las audiencias como el derecho a la libertad de expresión.
- Sustituir el regimen de concesiones de TV de paga por uno de registro previo en línea. La creciente penetración de la TV por Internet sin una regulación específica está contribuyendo cada vez más a lograr los objetivos de política pública de expandir las opciones de acceso a contenidos audiovisuales de la población e intensificar el ambiente de competencia. Esta evolución plantea la pregunta de si todavía se justifican los onerosos regímenes de autorización, verificación y renovación de concesiones para prestar el servicio de TV de paga que prevalecen en América Latina. Como se abordó en la sección anterior, es probable que algunas obligaciones sobre contenidos y publicidad se mantengan, pero su cumplimiento puede darse de manera adecuada bajo un régimen de registro previo en línea de prestadores del servicio que tome ventaja plena de las tecnologías de la información y sea más ágil y flexible.
- E. Establecer el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). El Análisis de Impacto Regulatorio es un proceso sistemático que identifica y cuantifica los costos y beneficios potenciales de alternativas regulatorias (y no regulatorias). El AIR mejora la transparencia, justificación y credibilidad a las medidas regulatorias, y asegura que solo de emitan regulaciones con beneficios netos sustanciales para los mercados. En general, los reguladores de la TV de paga en América Latina aún no implementan el AIR, por lo que es necesario realizar esfuerzo para introducirlo y evitar la emisión de regulaciones que solo distorsionen la dinámica competitiva. Asimismo, es necesario establecer un proceso de evaluación ex post de las regulaciones vigentes para asegurar que siguen siendo necesarias, relevantes y útiles. Este tipo de evaluación es prácticamente inexistente en América Latina, lo cual implica el riesgo de mantener regulaciones que se vuelven obsoletas debido a cambios en las preferencias de los consumidores o al progreso tecnológico.
Fuente: cet.la
© iPuntoTV 2019
